La Resolución 1134/2025 y su contexto
La Resolución 1134/2025, promulgada por el Ministerio de Justicia, representa un hito significativo en la regulación de los derechos de autor en el ámbito de la televisión, cable y plataformas de streaming legal en Argentina. Esta resolución introduce nuevos topes a los derechos de autor que afectan a las sociedades de gestión colectiva como SADAIC, AADI, CAPIF y DAC. El impulso hacia esta normativa surge de una serie de preocupaciones sobre la falta de transparencia en el cobro de derechos, así como de la necesidad de un marco regulatorio más equitativo y accesible para todos los actores del ecosistema audiovisual.
Históricamente, el manejo del cobro de derechos de autor en Argentina ha estado marcado por un grado considerable de opacidad. Las sociedades de gestión colectiva han sido señaladas por sus tarifas fluctuantes y, en ocasiones, desproporcionadas, lo que ha generado tensiones entre los creadores de contenido y las plataformas que emiten sus obras. Esta situación ha llevado a una creciente necesidad de ajustar las políticas existentes para asegurar que tanto los artistas como los distribuidores se beneficien de un sistema más claro y justo.
El contexto que rodea la adopción de la Resolución 1134/2025 incluye una mayor demanda por parte de los consumidores por acceso a contenido audiovisual de calidad a precios razonables, junto con un creciente número de plataformas de streaming que compiten en el mercado. El marco regulatorio anterior parecía no ser suficiente para adaptarse a esta nueva realidad, lo que puso de relieve la urgencia de establecer límites claros en la cuantificación de los derechos de autor. Así, esta resolución no solo busca redefinir las tarifas aplicables, sino también fomentar una cultura de transparencia y confianza entre los creadores y las plataformas de distribución de contenido.
Efectos económicos en el sector audiovisual
La reciente implementación de topes a los derechos de autor representa un cambio significativo en la dinámica del sector audiovisual, afectando a diversas plataformas como radios, canales de televisión abierta, servicios de cable y streaming legal. Estos nuevos límites pueden alterar de manera considerable las operaciones comerciales de estas entidades, ya que la redistribución de recursos financieros será fundamental para adaptarse a las nuevas normas.
Uno de los efectos más inmediatos que se anticipan es la restricción del presupuesto disponible para la producción de contenido de calidad. Con los topes establecidos, muchas empresas del sector audiovisual podrían enfrentar dificultades para obtener los recursos necesarios para financiar nuevas producciones, lo que podría resultar en un descenso en la cantidad y calidad del contenido disponible. Esto afectará no solo a los grandes actores del mercado, sino también a pequeños proveedores y creadores de contenido que dependen de una compensación justa por sus obras.
Además, las sociedades de gestión colectiva, que desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos de autor y en la remuneración de los creadores, también se verán afectadas. La reducción en los ingresos por derechos de autor podría limitar su capacidad operativa, lo que podría llevar a una disminución en los servicios ofrecidos a los artistas y, a su vez, afectar su capacidad para promover obras nuevas. Las reacciones esperadas de las empresas del sector son diversas; podrían incluir la búsqueda de alternativas para generar ingresos, como la diversificación de contenidos a través de colaboraciones y alianzas estratégicas.
Finalmente, las adaptaciones al nuevo escenario serán esenciales. Las compañías deberán reconsiderar sus modelos de negocio y la forma en que distribuyen su contenido, con el objetivo de mitigar el impacto de estos topes. La innovación será clave en este proceso, buscando nuevas formas de interactuar con el público y los creadores, asegurando la viabilidad del sector audiovisual en un entorno en constante cambio.
Los cambios en la cobranza de derechos de autor
La Resolución 1134/2025 ha introducido modificaciones significativas en la forma en que se cobran los derechos de autor, afectando tanto a la televisión por suscripción como a los servicios de streaming legales. Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la conocida “doble caja”, que permitía a las plataformas cobrar tarifas distintas por el mismo contenido según el medio de transmisión. Esta práctica generaba un marco confuso y a menudo injusto para los consumidores, quienes enfrentaban costos adicionales sin un valor real agregado por el formato de exhibición. La eliminación de esta práctica busca simplificar la cobranza y fomentar una mayor equidad en la distribución de derechos de autor.
Esta nueva política no solo facilita el acceso a contenidos protegidos pero también busca promover un entorno más competitivo en el mercado de la televisión y el streaming. Al establecer un único esquema de cobranzas, los creadores de contenido pueden esperar recibir una compensación más justa y predecible, mientras que los consumidores se benefician de precios más estables y accesibles. La resolución busca equilibrar el campo de juego en el que actúan tanto las grandes plataformas de streaming como los canales de televisión más tradicionales, garantizando que todos tengan la oportunidad de acceder y utilizar el mismo contenido sin penalizaciones económicas innecesarias.
La implementación de la Resolución 1134/2025 representa, por tanto, un paso hacia la modernización de la gestión de derechos de autor. Es esencial que las entidades de gestión de derechos se adapten a estas nuevas directrices, garantizando que se protejan tanto los intereses de los creadores como los de los consumidores. Este cambio no solo tiene repercusiones en la forma en que se gestionan los derechos, sino que también puede impactar la calidad y diversidad de contenido disponible en las plataformas de streaming y en la TV por suscripción. La promesa de una mayor equidad es, sin duda, un avance positivo en el escenario del entretenimiento digital.
El futuro del consumo audiovisual y la necesidad de adaptación
En los últimos años, el panorama del consumo audiovisual ha cambiado drásticamente, impulsado por el auge de las plataformas de streaming y la demanda de contenido diverso. La reciente implementación de nuevas regulaciones sobre derechos de autor tiene el potencial de alterar aún más este escenario. Tanto los consumidores como las plataformas deben responder de manera proactiva a este nuevo marco legal y económico, que se presenta como un desafío, pero también como una oportunidad.
Las plataformas de streaming, como Netflix, Hulu y otras, deben adaptarse a un entorno en el que el contenido original y la protección de los derechos de autor son más relevantes que nunca. Esto implica no solo asegurar un cumplimiento riguroso de las normas sino también innovar en su oferta de contenido, buscando atraer a un público que se vuelve más consciente de los derechos de autor y del valor del contenido legal. Al mismo tiempo, los creadores de contenido están llamados a colaborar con estas plataformas para garantizar que su trabajo sea valorado y protegido, fomentando un ecosistema que respete los derechos de autor y al mismo tiempo promueva la creatividad.
Por otro lado, los consumidores también deben reconfigurar su forma de acceder al contenido. El auge del streaming “trucho pero legal” plantea cuestiones éticas y prácticas sobre el consumo responsable de medios. Los usuarios, cada vez más informados, buscan alternativas que respeten las leyes de derechos de autor y que a la vez les ofrezcan la variedad y accesibilidad que demandan. Este cambio en la percepción pública puede resultar en un mayor apoyo a plataformas que ofrezcan contenido legal y de calidad, promoviendo un consumo audiovisual que impulse la creación de más obras innovadoras y diversas.
Las nuevas regulaciones, por tanto, no son solo un reto, sino una invitación a replantear y reconstruir el ecosistema audiovisual. El futuro parece demandar adaptaciones significativas, pero también brinda oportunidades para crear un espacio donde el contenido sea reconocido, valorado y protegido adecuadamente.