Introducción al nuevo régimen de la AFIP
Recientemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha emitido una nueva resolución que impactará significativamente a los vendedores online que operan a través de plataformas digitales. Este nuevo régimen, que entrará en vigencia en diciembre de 2025, se presenta como una estrategia para supervisar y regular el creciente comercio digital en el país. El objetivo principal es ‘ordenar’ el ecosistema del comercio electrónico, donde ha proliferado el comercio informal, lo que ha generado preocupación en las autoridades fiscales.
En la actualidad, la recaudación fiscal en Argentina enfrenta desafíos considerables. El aumento de la compra y venta de productos y servicios en línea ha llevado a un crecimiento del comercio informal, lo que se traduce en una reducción de los ingresos fiscales. A través de este nuevo marco regulatorio, la AFIP busca mitigar los efectos negativos de la informalidad en la economía y asegurar que todos los actores del comercio digital contribuyan al sistema fiscal. Esto es crucial para fortalecer la capacidad del Estado en la provisión de servicios y el desarrollo de infraestructura, que son vitales para la sociedad.
El nuevo régimen incluye medidas que obligarán a las plataformas digitales a cooperar con la AFIP en la recolección de información sobre las transacciones comerciales realizadas por los vendedores que utilizan sus servicios. Esto permitirá a la institución llevar a cabo un control más efectivo de las actividades comerciales y, por ende, mejorar la recaudación. La implementación de estas medidas representa un paso importante hacia la regulación del comercio electrónico en Argentina, buscando equilibrar la competencia y garantizar que todos los vendedores online respeten las normas fiscales establecidas.
Determinación de los nuevos umbrales de habitualidad
Desde diciembre de 2025, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementará un nuevo régimen que redefine lo que se entiende por un “vendedor habitual” en el contexto de las plataformas digitales. Esta reestructuración busca establecer criterios claros para la identificación de vendedores que operan de manera frecuente y que, por ende, deben cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
Según las directrices de la AFIP, un individuo o entidad será considerado un vendedor habitual si realiza al menos 10 operaciones mensuales en plataformas digitales. Este umbral de operaciones es fundamental para distinguir a aquellos que son vendedores esporádicos de aquellos que mantienen una actividad regular en el comercio electrónico. Adicionalmente, se establece un límite monetario global, donde el total de las transacciones realizadas por el vendedor debe superar la cifra de $750.000 en un mes. Estas condiciones, en conjunto, sirven para identificar de manera más efectiva a quienes generan ingresos significativos a través de las ventas online.
Es esencial tener en cuenta que, en el caso de las ventas de productos usados, también existen requisitos específicos que se deben cumplir para ser considerados vendedores habituales. La normativa contempla un tratamiento diferenciado para el comercio de bienes de segunda mano, asegurando que los pequeños comerciantes y particulares no sean sometidos a las mismas exigencias que los vendedores comerciales. Sin embargo, una vez que un vendedor cumpla con los criterios de habitualidad establecidos, tendrán que afrontar ciertas implicaciones fiscales, incluyendo la inclusión de percepciones impositivas que se derivan de su nueva clasificación. Esto implica que, una vez categorizados como vendedores habituales, estarán sujetos a un marco regulatorio que busca garantizar la transparencia y el cumplimiento fiscal en el ámbito del comercio electrónico.
El impacto en los vendedores y las plataformas digitales
Las nuevas regulaciones implementadas por la AFIP para los vendedores online tienen un impacto significativo en el ecosistema del comercio digital. A partir de diciembre de 2025, todos los vendedores que utilicen plataformas digitales deberán registrarse y presentar su CUIT, CUIL o CDI, un cambio que marcará una diferencia notable en la forma en que se llevan a cabo las transacciones. Este requisito no solo elevará la responsabilidad de los vendedores, sino que también proporcionará a los consumidores una mayor seguridad en sus compras.
Por otro lado, el proceso de facturación también se verá afectado. Los vendedores deberán emitir facturas electrónicas, lo que implica una adaptación en sus métodos operativos. La facturación electrónica es un paso hacia una mayor transparencia fiscal, asegurando que todas las ventas se registren correctamente, lo que beneficiará tanto a los vendedores como a las plataformas digitales. La adopción de esta medida contribuirá a la reducción de la evasión fiscal y fomentará un entorno más competitivo y leal en el mercado online.
La transparencia en las percepciones fiscales también jugará un papel crucial. Con la implementación de estas normas, se espera que haya un aumento en la confianza del consumidor, ya que las transacciones se llevarán a cabo con un mayor nivel de claridad. Esto no solo beneficia a los compradores, sino que también podría favorecer a los vendedores, al permitirles destacarse en un mercado donde la confianza es un determinante clave del éxito.
Sin embargo, es importante considerar cómo estas regulaciones afectarán a los vendedores esporádicos, que antes operaban sin una supervisión estricta. Se prevé que muchos de estos vendedores participen en un proceso de ‘blanqueo compulsivo’, donde se verán obligados a regularizar su situación fiscal. Este fenómeno podría transformar la dinámica del comercio online, elevando el estándar en la presentación y gestión de las ventas en las plataformas digitales.
Implicaciones políticas y fiscales del cambio
La decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de implementar un nuevo régimen de fiscalización para las plataformas digitales a partir de diciembre de 2025 no es un acontecimiento aislado, sino que se enmarca en un contexto político más amplio. Esta medida refleja una estrategia deliberada del gobierno argentino para ampliar su base tributaria. En vez de incrementar la carga fiscal sobre grandes contribuyentes, se busca captar ingresos de un sector que ha crecido considerablemente y que, hasta el momento, ha estado relativamente desregulado. Las plataformas digitales, que han proliferado en la economía nacional, se han convertido en un objetivo relevante para las autoridades fiscales.
Desde un punto de vista económico, este cambio puede tener múltiples implicaciones en la estructura de la economía digital. En primer lugar, el aumento de la regulación podría llevar a un cambio en la dinámica del mercado, obligando a los vendedores online a adaptarse a nuevas normativas, lo que podría incrementar sus costos operativos. Sin embargo, también podría nivelar el campo de juego, haciendo que los pequeños emprendedores y comerciantes locales compitan en igualdad de condiciones con las grandes empresas internacionales. Esto también abre un debate sobre la equidad en la recaudación fiscal, en donde se espera que estos nuevos lineamientos fortalezcan la capacidad del gobierno para asegurar que todas las partes contribuyan a la economía del país.
Por otro lado, la clase media, que representa un segmento importante de los vendedores en línea, puede enfrentar desafíos ante el aumento de la carga tributaria. Esta política fiscal también plantea interrogantes sobre cómo se percibirá la regulación en términos de su efectividad para generar ingresos fiscales genuinos. En el largo plazo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para implementar y hacer cumplir estos nuevos marcos regulatorios sin desincentivar el crecimiento del comercio digital. La forma en que se maneje esta transición será crucial para definir el futuro de la economía digital en Argentina.